viernes, 30 de diciembre de 2011

FRENTE COSTERO: LA JUSTICIA Y LA PLAYA DE VILLA GESELL- POR JULIO H. CARABAJAL



A pesar  que los adherentes a la “gestión de Jorge Rodríguez Erneta insisten en afirmar que los doce años de nada de Luis Baldo fueron los peores en la historia de Villa Gesell y que este gobierno “hizo mas que el anterior por el pueblo”. Sin embargo, la realidad muestra otra faceta: La transparencia en todo el proceso de reconversión de la playa es una entelequia. Las ordenanzas 2346 y 2347 /10 han sufrido más demandas judiciales que la 2050 sancionada durante la administración radical. En aquella instancia la demanda fue interpuesta por el hijo del concejal Fernando Acebal que paralizó el proceso durante meses. Ya en el 2007 Orlando Girgenti se presentó en el Juzgado Contencioso Administrativo N 1 de la Plata a cargo del mediático Luis Federico Arias, quien ordenó una serie de medidas antes de levantar el amparo que pesaba sobre las construcciones que se realizaban en el 2007. Luego Baldo perdió las elecciones y todo se cayó. 

Si bien el proceso de reconversión iniciado por Luis Baldo dejó para el análisis errores y aciertos, con la llegada al poder de Rodríguez Erneta, se impulsó un proceso difícil, traumático y para nada transparente en la playa a pesar de las exacerbadas declamaciones que provenían de los concejales del oficialismo, en cada sesión donde se repetía el tema. El primer detalle de este proceso fueron las 29 concesiones que se sumaron a las ya 26 existentes mas unas cinco prorrogadas. El total de 50 concesiones rompió el criterio de ampliar los espacios públicos y disminuir los sectores privados.

Este proceso “tan transparente” mostró, que en la mayoría de las concesiones, se presentó un solo oferente y en aquellas donde hubo dos se la otorgaron a quienes no lo merecían a pesar de  sus nefastos antecedentes financieros y laborales. Un caso emblemático fue el de Orlando Girgenti propietario del balneario “Pleno Sol”. Tampoco hay que olvidarse del trámite previo a la licitación cuando los oferentes debieron preparar la documentación de los sobres 1 y 2, que exige la licitación. La documentación fue preparada, por unos pocos arquitectos y dos estudios jurídicos, casi siempre ligados al gobierno, que capitalizaron la tarea y cobraron suculentos honorarios.

El regreso del hormigón armado a la playa desoyó las recomendaciones del estudio de Impacto Ambiental que realizó la empresa “Ambiente y Territorio” contratada por el mismo municipio.

Un detalle central en este proceso fue el caso del complejo habitacional “Mandalay” que se iba a construir en Playa y Calle 310, en plena zona de medanos que fue paralizado por una demanda cautelar interpuesta por el Centro de Defensa y Orientación del Consumidor (Ceodeco). El complejo fue iniciado en secreto, sin intervención de la comunidad y sin documentación certificada en el Concejo Deliberante. Algo parecido sucedió con Linda Bay, construido por el inefable y dúctil arquitecto Rodolfo Ravier en una zona cercana a Mar de las Pampas. Este proyecto jamás pasó por el Concejo Deliberante, no tuvo audiencia pública, no se conoce un estudio de Impacto Ambiental, tampoco un plano y hoy tiene más del 80 por ciento de avance. Si bien, estos casos están alejados del proceso de licitación de balneario, la impunidad con que se plantearon alentó la judicialización de la playa.    

Fueron varias demandas de vecinos, interesados en salvaguardar el frente costero de Villa Gesell, ante medidas que respondían a intereses privados más que a un interés comunitario, de protección del medioambiente. Pocos días después de la licitación del año pasado, comenzaron las presentaciones judiciales que paralizaron el proceso por varios meses. De a una las demandas ampliaron la paralización de las nuevas construcciones. El Ceodeco fue protagonista central en esta etapa y su titular, Eduardo Cobo sufrió amenazas y violaron su domicilio con pintadas agresivas en las paredes. Los últimos meses del año pasado y durante todo este año electoral las demandas judiciales se  multiplicaron.

El vecino Héctor Aranda presentó un recurso por amparo sobre el balneario ubicado en el Paseo 123 perteneciente a la pareja integrada por Daniel Girgenti y Vicente Martone. Este último es el titular de la concesión,  ya que fue quien se presento en la licitación y se la otorgaron,  pero con el correr de los meses apareció  Daniel Girgenti y este pasó a ser el principal actor del conflicto. También echó luz sobre algún procedimiento gris en la “transparencia” del proceso.

El juez Marcelino Escobar emitió una resolución que acepta la solicitud con un criterio brillante en sus fundamentos y un extenso análisis de la situación.  El Fiscal de estado de la Provincia de Buenos Aires ingresa como tercer protagonista en este caso para aportar legislación y experiencia jurídica y su presencia es la representación del estado provincial en el conflicto.

En una sorpresiva Audiencia Pública, convocada por el gobierno municipal,  con solo 48 horas de anticipación y con la reelección asegurada, intenta darle un halo legal a la posición del municipio. El tramite exigido por la Ley de Medioambiente de la Provincia se realizo a destiempo, no cumplió con la reglamentación y fue una puesta en escena que seguramente manejara el municipio como argumento para enrarecer la causa judicial. En esa Audiencia se presentó Héctor Aranda para admitir que había recibido dinero de los concesionarios de playa para presentarse como demandante. La jugada fue presentada como un acto de sinceramiento cuando en una reunión previa, realizada en la Terminal entre Aranda, su concuñado Miguel Alberto, encargado de la Terminal de Ómnibus y el asesor Letrado del Municipio, el abogado Atilio Roncoroni “arreglaron” un pago, que después no cumplieron, para el sincericidio de Aranda.

El hecho motivo la salida del Fiscal de Estado Ricardo Selagowski de la causa y el levantamiento de la medida cautelar. Girgenti – Martone podían seguir su construcción de hormigón armado y madera,  ya que cambiaron el proyecto por indicación del magistrado.

La estrategia del municipio fue errónea. La solicitud del desistimiento de Aranda fue demasiado visible. Atilio Roncoroni acompañó al arrepentido hasta Dolores. El magistrado rechazo el pedido, paralizo la causa y exigió que Aranda se presente con un abogado propio. Finalmente acepto el desistimiento.

El último tramo de esta transparente transformación de la Playa de Villa Gesell lo tiene a Ricardo Selagowski como protagonista y este es el estado provincial. La demanda  indica que se dé intervención a los organismos provinciales para determinar la viabilidad de los proyectos, y hasta tanto se resuelva el fondo de la presentación solicita “se dicte una medida cautelar por los mismos fundamentos y circunstancias de la causa Héctor Aranda contra la Municipalidad”, relacionada con la falta de concordancia entre lo dispuesto en el estudio de impacto ambiental que efectuó Ambiente y Territorio y lo proyectado por los nuevos concesionarios de playa. También peticiona “se declare la nulidad absoluta e insanable de las Ordenanzas Municipales nº 2050/06, 2346/10 y 2347/10 en caso de que la Municipalidad sostenga que las construcciones e instalaciones existentes se ajustan a derecho”.
Recalca que hubo un “interés vulnerado como consecuencia del defectuoso ejercicio de la función administrativa atinente a la explotación turística y comercial de los recursos naturales en zona de playa”, y que tiene como objeto “proteger el medioambiente y evitar la degradación del ecosistema costero”.   

Con relación a los funcionarios opina que “desde la óptica de las responsabilidades, los funcionarios de la Municipalidad de Villa Gesell no pueden renunciar al ejercicio del poder de policía y de fiscalización sobre el dominio público costero, siendo un deber inexcusable del órgano competente cumplir y hacer cumplir la normativa de fondo, que debe prevalecer por sobre cualquier interés local o individual, como así también respecto de criterios comerciales, edilicios o de cualquier otra índole”.

Una inspección judicial de la playa, el pasado 20 de diciembre, retrato la imagen que presenta esta temporada la playa de Villa Gesell. Superpoblada de balnearios, sucia desordenada, en obra permanente, y peligrosa. Un niño de 14 años se ahogo la semana pasada en un sector donde debía estar un guardavida municipal en Paseo 140 y Playa.

Esta reseña no podía ser breve, porque la playa es importante y es un eje del conflicto en Villa Gesell. Es una fuente de dinero inagotable, un capricho, un sentimiento, un sector de negocios. Es todo eso junto. Pero quien la administra  es el dueño de ese negocio y el Ernetismo ganó las elecciones y se ganó el derecho de administrarla, pero se sabe que estos buenos muchachos no dan el paso atrás, jamás, nunca. El día que lo hagan no tendrán regreso.          

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