Activista dice NO A MONSANTO
FUERA
MONSANTO
El sólo hecho de mencionar el nombre de la empresa Monsanto nos trae a la mente
a los muertos y nacidos con malformaciones producto de las bombas atómicas y el
Agente Naranja, a los millones de intoxicados con DDT, y con los lácteos
contaminados por la hormona de crecimiento rBGH, a los enfermos de diabetes
producto del aspartamo, a los de cáncer por los transformadores con PCB, a los
miles de pueblos enfermos fumigados con sus herbicidas y plaguicidas, a los
pueblos originarios expulsados de sus tierras o asesinados por sicarios, a los
millones de consumidoros de sus transgénicos que aumentan la propensión a
desarrollar canceres de mama y cólon entre otros y a los suelos desmontados e
infértiles agotados por el monocultivo y las aguas contaminadas con plaguicidas.
Esta
empresa asesina pretende instalar tres nuevas plantas en Argentina, una de
ellas se radicaría en la comunidad cordobesa de Malvinas Argentinas y sería la
acopiadora de granos de maíz transgénico más grande de Latinoamérica, allí se
utilizarían altas dosis de agrotóxicos, con un fuerte impacto ambiental y con
nefastas consecuencias para toda la zona de influencia y su población.
Monsanto
contamina -como lo hacen las mineras, las empresas del fracking, las represas,
etc- y por ello NO TIENE LICENCIA SOCIAL, entonces compra voluntades y suma
“colaboradores” a su equipo: el intendente de Malvinas Argentinas, el Radical
Daniel Arzani ha declarado que recibe los Curriculum de los postulantes para
trabajar en la planta de Monsanto y es quien dio vía libre a la obra de la
planta sin el estudio de impacto ambiental imprescindible para su comienzo.
Otro
colaborador es el Gobernador De la Sota, que abre sus puertas a Monsanto para
que ponga dos plantas en la provincia. Una en Malvinas y otra en Río Cuarto,
que intentaron disfrazar bajo un nombre de fantasía para que no causara tanto
rechazo en la ciudadanía y que tendrá como destino: “Investigaciones”.
Por
último la Presidenta de la Nación, Cristina Fernandez de Kirchner, que ha
festejado con “bombos y platillos” que la empresa que concentra el monopolio de
semillas transgénicas y agrotóxicos en el mundo haya elegido nuestro país para
desarrollar su plan de saqueo y contaminación sin restricciones ni regulaciones
y para ello ha impulsado la modificación de leyes que consoliden el poderío de
Monsanto en la región reconociendo sus patentes y privatizando nuestras
semillas.
Texto
extraído de Millones contra Monsanto
MONSANTO EN
ARGENTINA: OTRA PRUEBA MÁS DE LA TRAICIÓN K
“No soy la Presidenta
de las corporaciones” Cristina Fernández Wilhelm, viuda de Kirchner. 10 de
diciembre de 2011. Discurso de reasunción, en el Congreso Nacional.
La
relación entre el gobierno de Cristina de Kirchner y las grandes corporaciones
multinacionales pertenecientes a la elite mundial son bien conocidas, a pesar
de que en el llano el gobierno argentino se esfuerce por parecer combativo
contra el sistema hegemónico. Al caso de Chevron, a quien el gobierno de los
Kirchner ha entregado varios yacimientos de hidrocarburos administrados por YPF
y al de Barrick Gold, a quién el gobierno ha defendido abiertamente para que
realice sus explotaciones mineras contaminantes, debe sumarse el de
Monsanto. Un interesante reporte del
blog de Darío Aranda da cuenta de la situación:
Monsanto
es la multinacional de semillas y agroquímicos más poderosa del mundo. Cuenta
con apoyo político y rentabilidad millonaria, y su modelo implica corrimiento
de la frontera agropecuaria, desalojos rurales, desmontes y masivo uso de
agroquímicos. Su desembarco en Córdoba de la mano de la Presidenta y del
Gobernador, maíz para agrocombustibles, la nueva ley de semillas y la
profundización del modelo.
Juana
es abuela, cabello rubio y canas, una bolsa de hacer mandamos en la mano y la
decisión de enfrentar a la empresa de semillas y agroquímicos más poderosa del
mundo: “No queremos a Monsanto”, avisa con naturalidad y arroja la primera
pregunta retórica: “¿Los políticos defienden más a las empresas que a los
vecinos?”.
Es
miércoles a la noche en Malvinas Argentinas, a veinte minutos del centro de
Córdoba. Club vecinal de fiestas, un prolijo y humilde salón, escenario de una
asamblea de vecinos que se opone a la instalación de Monsanto en el barrio.
Doña Juana parece una de las voces cantantes en la asamblea. Escucha atenta,
primera fila y refuerza su idea: “Si el Gobernador y la Presidenta quieren a
Monsanto, que la fábrica se instale al lado de sus casas”. Los vecinos la
aplauden.
Monsanto
tiene 111 años de historia, su sede central en Estados Unidos, una facturación
anual de 7297 millones de dólares, domina el 27 por ciento del mercado se
semillas a nivel mundial y acaba dar un paso más en su política expansiva: el
gobierno nacional aprobó su nueva semilla de soja transgénica, impulsa el cobro
de regalías por el uso del producto, impulsa una nueva ley de semillas (muy
cuestionada por los campesinos) y comienza la instalación de su planta más
grande de Latinoamérica en Córdoba, para avanzar con el maíz transgénico y
redoblar la producción de agrocombustibles.
Apoyo
político, corrimiento de la frontera agropecuaria, desalojos campesinos,
desmontes y masivo uso de agroquímicos. La profundización del modelo en su
manera más explícita.
Más
de un siglo
La
historia oficial señala que Monsanto Chemical Works fue fundada en 1901 por
John Francis Queeny, “empleado durante treinta años en la industria
farmacéutica”, que tomó el nombre de su esposa (Olga Méndez Monsanto) y creó
una pequeña empresa, pero de rápido crecimiento. Con sede central en Saint
Louis (estado de Missouri), su primer producto fue la sacarina. En la década
del 20 ya había convertido a la compañía en una de las principales fabricantes
de productos básicos de la industria química, entre ellos el ácido sulfúrico.
En
1928, el hijo de Queeny, Edgar, tomó la presidencia de Monsanto, que alcanzó su
era de expansión en la década del 30 con la adquisición de tres empresas
químicas. “Desde la década del 40 hasta nuestros días, es una de las cuatro
únicas compañías que han estado siempre entre las diez primeras empresas
químicas de Estados Unidos”, señala Brian Tokar en su investigación “Monsanto:
Una historia en entredicho”.
Tokar
aporta un dato, luego retomado por Marie Monique Robin en su libro “El mundo
según Monsanto”, que la empresa oculta de su historia oficial. “El herbicida
conocido como Agente Naranja, que fue usado por Estados Unidos para defoliar
los ecosistemas de selva tropical de Vietnam durante los años 60, era una
mezcla de químicos que provenía de varias fuentes, pero el agente naranja de
Monsanto tenía concentraciones de dioxina muchas veces superiores al producido
por Dow Chemical, el otro gran productor del defoliante”, detalla Tokar, director
de investigación en biotecnología del Instituto de Ecología Social de Vermont
(Estados Unidos).
Según
la investigación, ese hecho convirtió a Monsanto en el principal acusado en la
demanda interpuesta por veteranos de la guerra de Vietnam, que experimentaron
un conjunto de síntomas atribuibles a la exposición al Agente Naranja. “Cuando
en 1984 se alcanzó un acuerdo de indemnización por valor de 180 millones de
dólares entre siete compañías químicas y los abogados de los veteranos de
guerra, el juez ordenó a Monsanto pagar el 45,5 por ciento del total”, explica
y recuerda otro producto producido por Monsanto: PCB (elemento cancerígeno
utilizado en transformadores eléctricos).
En
1976, Monsanto comenzó a comercializar el herbicida Roundup (a base de glifosato).
“Pasaría a convertirse en el herbicida más vendido del mundo”, señala aún hoy
en su sitio de internet. En 1981 la compañía se estableció como líder en
investigación biotecnología. Y en 1995 fueron aprobados una decena de sus
productos modificados genéticamente, entre ellos la “Soja RR (Roundup Ready)”,
resistente a glifosato.
La
empresa publicitaba que el Roundup era “biodegradable” y resaltaba el carácter
“ambientalmente positivo” del químico. La Fiscalía General de Nueva York
reclamó durante cinco años por publicidad engañosa. Recién en 1997 Monsanto
eliminó esas palabras en sus envases. Tuvo que pagar 50 mil dólares de multa.
“Es la última de una serie de grandes multas y decisiones judiciales contra
Monsanto, incluyendo los 108 millones de dólares por responsabilidad en la
muerte por leucemia de un empleado tejano en 1986; una indemnización de 648 mil
dólares por no comunicar a la EPA datos sanitarios requeridos en 1990; una
multa de un millón impuesta por el fiscal general del estado de Massachusetts
en 1991 por el vertido de 750 mil litros de agua residual ácida; y otra
indemnización de 39 millones en Houston (Tejas), por depositar productos
peligrosos en pozos sin aislamiento”, acusa el investigador Brian Tokar.
Monsanto
continuó promocionando el Roundup como “un herbicida seguro y de uso general en
cualquier lugar, desde céspedes y huertos hasta grandes bosques de coníferas”.
Pero el 26 de enero de 2007 fue condenada por el tribunal francés de Lyon a
pagar multas por el delito de “publicidad mentirosa”.
En
Argentina, Monsanto cuenta con una planta en Zárate (Buenos Aires) desde 1956.
Hace doce años realizó una ampliación, su planta de producción de glifosato
pasó a ser la más grande de América Latina. En 1978 se instaló en Pergamino y,
en 1994, sumó una planta en Rojas (Buenos Aires).
En
1996, el gobierno argentino aprobó la soja transgénica con uso de glifosato.
Con la firma del entonces secretario de Agricultura, Felipe Solá, la resolución
167 tuvo luz verde en un trámite exprés: sólo 81 días, y en base estudios de la
propia empresa Monsanto. El expediente, de 146 páginas, carece de estudios
sobre efectos en humanos y ambiente, y – sobre todo – el Estado argentino no
realizó investigaciones propias sobre los posibles efectos del nuevo cultivo,
se limitó a tomar como propios los informes presentados por la parte interesada
(Monsanto).
Patentes
En
1996 la soja ocupaba en Argentina 6,6 millones de hectáreas. En el 2000 ya
llegaba a 10,6 millones. En 2011 llegó a 19,8 millones de hectáreas, a un
promedio de expansión de 800 mil hectáreas por año. Representa el 56 por ciento
de la tierra cultivada del país.
Luego
de la devaluación de 2002, y cuando la demanda externa de soja aumentó,
Monsanto intentó cobrar regalías por el “derecho intelectual” de la semilla
transgénica. Federación Agraria Argentina (FAA) y el Gobierno rechazaron el
pago.
Monsanto
llegó hasta los tribunales europeos, donde intentó frenar judicialmente los
barcos con soja proveniente de Argentina. Pero la vía judicial no prosperó.
Lejos
estaba la empresa de tener problemas económicos. En 2006 había facturado 4476
millones de dólares. En Latinomérica, en sólo el primer trimestre del 2006,
facturó 90 millones de dólares. Al año siguiente, mismo periodo, tuvo un
incremento del 184 por ciento: 256 millones de dólares. “Gran parte se debió al
mayor precio del herbicida glifosato”, anunciaba la empresa, que señalaba al
glifosato como el responsable de la mitad de sus ganancias. En 2007 la
facturación llegó a 7.300 millones. El presidente ejecutivo de Monsanto, Hugh
Grant, expresó en 2009 a la agencia de noticias (Reuters) que la compañía planeaba
expandir el negocio de las semillas a una tasa de crecimiento anual de un 20
por ciento entre el 2007 y el 2012.
El
Grupo ETC (Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración) estudia
desde hace 25 años la concentración del mercado agropecuario mundial. “Monsanto
tiene actualmente el 27 por ciento del mercado mundial de semillas, de todo
tipo (transgénicas o no) y de todas las variedades. En semillas transgénicas,
Monsanto tiene el 86 por ciento del mercado mundial. Es uno de los dos monopolios
industriales más grandes del planeta y de la historia de la agricultura e
incluso, del industrialismo. Solamente Bill Gates (con Microsoft) tiene un
monopolio similar, cerca del 90 por ciento del mercado”, explicó Silvia
Ribeiro, investigadora del Grupo ETC.
Coincidencias
Un
juicio histórico que, enmarcado en la Ley de Residuos Peligrosos ((24051),
abría la puerta para encuadrar las fumigaciones como delito y la posibilidad de
condenar a cárcel a los productores y fumigadores.
Tres
días después de iniciado el juicio, el 15 de junio, en un almuerzo en el
Consejo de las Américas (espacio emblemático del establishment económico
estadounidense) y frente a las mayores corporaciones de Estados Unidos, la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner celebró: “Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una
inversión muy importante en materia de maíz (…) Y además estaban muy contentos
porque Argentina hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos
biotecnológicos (…) Aquí tengo, y esto la verdad que se los quiero mostrar
porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. Una inversión muy
importante en Malvinas Argentinas, en Córdoba, en materia de maíz con una nueva
digamos semilla de carácter transgénico”.
El
21 de agosto, luego de más de dos meses de juicio, la Cámara I del Crimen dictó
sentencia: dictaminó que los dos hechos denunciados (dos fumigaciones, una de
2004 y otra de diciembre de 2008) violaron la normativa vigente y fueron
catalogadas como delito. Y condenó a un productor Francisco Rafael Parra y al
aerofumigador (Jorge Pancello) a tres años de prisión condicional, cuatro años
de trabajos comunitarios y ocho años de prohibición para manipular
agroquímicos.
Ese
mismo día, el Ministro de Agricultura de la Nación, Norberto Yauhar, presentó
la nueva semilla de soja (“RR2 Intacta”) junto a los directivos de Monsanto. La
gacetilla de prensa del Ministerio de Agricultura tituló con una cita del
vicepresidente de Monsanto Argentina, Pablo Vaquero: “Trabajamos con un
Gobierno que ha abierto el diálogo”. La gacetilla oficial hace propia la
publicidad de Monsanto y resalta las supuestas bondades de la semilla: “Esta
nueva tecnología permitirá contribuir a una mayor producción y a mejorar el
medio ambiente”.
El
ministro Yauhar celebró: “Es un día muy especial para Argentina, porque vamos
por una segunda generación de soja, hoy aprobamos el evento número 27 y la
biotecnología es una herramienta para el crecimiento sustentable”.
Semillas
En
la principal feria de agronegocios de Argentina, Expoagro, de marzo de 2012,
las empresas Monsanto, Nidera y Don Mario (la principal semillera de Argentina)
tenían un objetivo principal: remarcar la necesidad de que el Gobierno apruebe
la nueva soja RR2.
“Esto
que ves acá es la nueva tecnología”, invitaba Juan Manuel Bello, ingeniero
agrónomo de semillera Don Mario, una de las empresas líderes del sector (Mu
abril 2012). Se refería a una pecera de vidrio, sobre una mesa, de un metro de
alto y dos de largo, dividida al medio. De un lado, la soja transgénica que se
utiliza en la actualidad (llamada “RR”), tallos quebrados, hojas rotas y con
agujeros de vaya a saber de qué bicho. A su lado, la nueva soja “RR2″,
impecable, verde oscura, perfectas. Prometían mayor productividad, un 11 por
ciento, que la soja RR.
“La
idea es que se pueda comparar a simple vista. La soja RR2 BT tiene un doble
gen, el RR y el gen BT, que le otorga la resistencia a insectos, patentada por
Monsanto. Acá la comercializaremos cuando se logre consenso en toda la cadena,
desde producción hasta exportación. Hoy se trabaja con productores para sumar
voluntades, suman su adhesión para utilizar esta biotecnología, firman un acta
acuerdo para darle la bienvenida a esta avance de la ciencia”, detalló.
“El
consenso”, traducido al criollo, es la aceptación de los productores locales a
pagar regalías. Hasta marzo de 2012, productores y Gobierno parecían resistir
el cobro de regalías.
Wikileaks
“A
lo largo del gobierno de Néstor Kirchner primero y de Cristina Fernández
después, importantes funcionarios y congresistas de Estados Unidos, además de
sucesivos embajadores, presionaron a la Casa Rosada para que facilitara a la
empresa Monsanto el cobro de regalías por el uso de semillas transgénicas. Lo
que empezó como un duro enfrentamiento, con cargamentos de harina de soja
incautados en puertos europeos en el 2004 y 2005, se encaminó hacia una
negociación sobre la nueva generación de semillas, dejando atrás el intento de
cobro de Monsanto, señala una serie de cables filtrados por Wikileaks”,
escribió el jefe de la sección Internacionales de Página12, Santiago O’Donnell
el 3 de marzo de 2011, donde cables hasta entonces secretos de la embajada
mostraban una supuesta resistencia del Gobierno respecto a ceder a Monsanto.
En
los cables, Monsanto aseguraba que el 85 por ciento de la soja que se producía
en Argentina se hacía con su fórmula, pero menos de un tercio pagaba regalías.
“Si bien el lobby oficial estadounidense a favor de Monsanto fue incesante,
hasta los propios analistas de la embajada reconocieron en los cables que el
reclamo era dudoso: ‘Los granjeros argentinos tienen derecho a replantar – no a
revender – semillas generadas en una cosecha originada en semillas registradas
sin pagar regalías, pero no a venderlas’, dice un cable de marzo del 2006 firmado
por el entonces embajador Lino Gutiérrez“, explicó el editor jefe de Página12.
Cambios
El
primer anunció de la soja RR2 fue realizado el 4 de julio de 2009 en Clarín
Rural, uno de los principales voceros de los agronegocios (junto con el diario
La Nación, socios en la muestra Expoagro). Prometía un mayor rendimiento, entre
10 y 15 por ciento mayor a la primera soja transgénica.
En
septiembre de 2011, la Presidenta presentó en Tecnopolis el Plan Estratégico
Agroalimentario (PEA), con objetivos cuantitativos a alcanzar en 2020. En
cuanto a producción granaria destaca que el objetivo es aumentar un 60 por
ciento la producción (de los 100 millones de toneladas, llegar a 160), con el
consiguiente avance sobre nuevos territorios.
El
28 de febrero de 2012, la Presidenta anunció que investigadores de la
Universidad Nacional del Litoral (UNL), del Conicet y de la empresa Bioceres
habían logrado una semilla de soja resistente a la sequía y que lograba “altos
rendimientos”, lo que posibilitaría el avance sobre regiones en la actualidad
hostiles al monocultivo. En Bioceres tiene participación accionaria Gustavo
Grobocopatel, titular de uno de los mayores pool de siembra del continente
(“Los Grobo”).
Organizaciones
ambientales y campesinas aportaron la mirada ausente en el acto oficial: el
corrimiento de la frontera agropecuaria, con más desmontes, más poblaciones
desalojadas y más uso de agrotóxicos.
En
el discurso de junio de 2012 ante los empresarios estadounidenses, la
Presidenta recordó el “avance” de los científicos de la UNL, Conicet y la
empresa Bioceres. Y abordó por primera vez en público el tema tabú de las
patentes de semillas: “Estaban muy contentos (los directivos de Monsanto)
porque Argentina hoy está a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos.
También en repatriación de científicos hacía la Argentina y fundamentalmente en
respeto a las patentes. Como ahora nosotros hemos logrado patentes propias nos
hemos convertido también en defensores de las patentes”.
Al
regreso de ese viaje, los tiempos se aceleraron. Monsanto tuvo vía libre para
la nueva soja. E incluso visto bueno para el cobro de regalías.
El
9 de agosto, desde el XX Congreso de la Asociación Argentina de Productores de
Siembra Directa (Aapresid), el secretario de Agricultura lo confirmó: “La
estaremos aprobando en breve”.
Al
día siguiente, la crónica del diario La Nación es elocuente. “En el marco de
Aapresid, el tema de la nueva soja fue motivo de un encuentro informal entre
directivos de Monsanto -entre ellos, el vicepresidente, Pablo Vaquero- y
dirigentes de la Comisión de Enlace, como Eduardo Buzzi (presidente de la
Federación Agraria Argentina), Carlos Garetto (presidente de Coninagro), Luis
Miguel Etchevehere (vicepresidente segundo de la Sociedad Rural Argentina) y José
Basaldúa (directivo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). También estaba
el jefe del gremio de trabajadores rurales (Uatre), Guillermo Venegas. En un
stand de Monsanto, todos compartieron una improvisada picada”.
Once
días después, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, presentó la nueva
soja junto a los directivos de Monsanto. “Hay que respetar la propiedad
intelectual”, reclamó ese mismo día el Ministro de Agricultura y afirmó que el
Gobierno está trabajando en una nueva ley de semillas, que contemple el cobro
de regalías para quienes desarrollan las semillas transgénicas.
Regalías
Tan
milenaria como la agricultura es el derecho a guardar parte de la cosecha como
semilla, para la próxima siembra, el llamado “uso propio” de la semilla.
Con
la nueva soja, Monsanto articuló un modo privado de cobro de regalías. Firmó
contratos individuales con productores (según Monsanto, ya firmó con el 70 por
ciento de los productores de soja) y articuló acuerdos con acopiadoras y
exportadoras, que controlarán las cargas de camiones que llegan a los acopios.
Allí se realizará un test a los granos y, si se detecta que la soja es de
Monsanto, se le descontará al productor el cobro de regalías. Monsanto
implementó un sistema que ubica al Estado en un lugar de simple observador.
La
decisión de las empresas de semillas, con Monsanto a la cabeza, es alterar el
derecho histórico al “uso propio”, bajo el argumento de respetar la “propiedad
intelectual”. Y, junto con el Gobierno, avanza en una nueva ley de semillas.
Carlos
Vicente, de la organización internacional Grain (organización referente en el
estudio del mercado de semillas y las corporaciones agrícolas). “La ley actual,
de la década del 70, permite el uso propio. Durante miles de años los
campesinos criaron, mejoraron y cambiaron semillas, sin que nadie se las
apropiara. Pero se crea un derecho de propiedad intelectual, no es la patente
sino a la ‘obtención vegetal’, y se puede tener derecho de propiedad
intelectual, un monopolio sobre la semilla que quita reconocimiento a los miles
de años de historia campesina. Ahora alguien, las corporaciones, pueden ser
dueños de las semillas”, alerta y remarca que las organizaciones campesinas se
oponen de manera radical a cualquier freno al libre intercambio y circulación
de las semillas “ya que esto significa frenar el histórico proceso de creación
de diversidad que los campesinos han sostenido por miles de años”.
Vicente
apunta a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales
(UPOV), una organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza),
constituida en 1961, donde tienen gran incidencia las multinacionales del agro
y a la que adhieren los estados (entre ellos, claro, Argentina). En 1978, la
UPOV crea la norma UPOV 78 que implica la aplicación del “derecho de obtención”
de un vegetal, que va en línea con la patente en manos de empresas, pero
también reconoce el uso propio de semillas, para volver a sembrar las semillas
sin pagar regalías, y permitía que investigadores puedan analizar y producir
mejoras sobre cada semilla nueva.
La
UPOV da un salto en 1991, donde impulsa una legislación privatizadora de
semillas. “La UPOV91 limita el uso propio y la investigación, ya que una
empresa puede monopolizar una semilla e incluso exige que, si otros quieren
seguir investigando sobre esa semilla, deban pagarle. Es muy grave, es la
apropiación de la vida”, denuncia Carlos Vicente, de Grain.
-¿Cómo
se relaciona Monsanto, la nueva ley de semillas que prepara el Gobierno y la
UPOV 91?
Vicente
no duda: “Monsanto había anunciado a inicios de 2000 que no iba a realizar
nuevas inversiones en Argentina porque no se le garantizaba seguridad jurídica.
De la mano de la Presidenta en Estados Unidos, el anuncio de Monsanto de instalar
su mayor planta de maíz transgénico en Córdoba, hay un acuerdo que le devuelve
‘seguridad jurídica’, se aprueba la nueva soja, le permiten en cobro de
regalías por un sistema privado y se aprestan a modificar la ley de semillas”.
Vicente
remarca que la modificación de la ley “va por todas las semillas, no solo la
soja”, la enmarca en la “tremenda ofensiva del agronegocios” en todo el
continente y la resume de una forma que mete miedo: “Es un paso hacia la
privatización de las semillas, la privatización de la vida en manos de las
corporaciones”.
El
Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) explicitó en julio pasado su
rechazo a la nueva ley de semillas. En un comunicado, la catalogó como un
“premio para los agro saqueadores” y denunció que “legitima el robo y la
apropiación genética”.
“Las
especies y variedades que han sido obtenidas por la selección de campesinas e
indígenas durante diez mil años, ahora serían de quien la patenta primero, o
quien modifica un gen de los 40 mil que pueden caracterizar una planta. Las
semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad y no una
mercancía al servicio del capital”, reclamaron.
¿Contradicciones?
“Yo
le comentaba, y la gente de Monsanto no lo sabía, que tenemos una Patagonia en
la cual algún productor argentino tiene producción, por ejemplo, forrajera y
que uno lo puede observar en medio de la estepa patagónica los círculos que
solamente con riego producen forraje de primerísima calidad. Y tenemos también
agua en la Patagonia (…). Esto nos da la idea de que el elemento vital, agua,
nos va a permitir extender la frontera agropecuaria”, propuso la Presidenta
ante los empresarios estadounidenses el 15 de junio pasado.
Quince
días después, el miércoles 27 de junio y desde San Luis, la Presidenta
insistió: “Debemos extender aún más la frontera agropecuaria, tenemos que
hacerlo (…) Cuando venía con el helicóptero veía esos inmensos círculos aquí,
en medio de esta llanura puntana, que tal vez en otro momento solo tenía pasto
o criaba y engordaba terneros, como me decía el Gobernador, y que hoy, a través
del riego están permitiendo generar follaje, están permitiendo generar
producción en zonas impensadas en la Argentina”.
En
cadena nacional, la Presidenta dio un paso más: “Yo sueño con que en mi
Patagonia, que es una estepa, también podamos hacer producción intensiva de
follaje de maíz. No es una fantasía, estos mismos círculos que he visto aquí,
los he visto también en los campos de un conocido empresario y productor que
tiene estancias en mi provincia (…) y sabemos que vamos a producir también un
maíz con una variedad transgénica que nos va a permitir, precisamente, en ese
lugar constituir una las zonas también donde podamos extender toda la frontera
agropecuaria y la ciencia y la tecnología”.
El
Movimiento Campesino Indígena (MNCI) es uno de los espacios más novedosos de la
lucha agraria, con presencia en diez provincias. Integra la Vía Campesina
Internacional (el movimiento mundial de campesinos y trabajadores del campo) y
de la Coordinadora Latinoamericana de Organización del Campo (Cloc).
Durante
la resolución 125 cuestionaron a la Mesa de Enlace, pero sobre todo apuntaron
al modelo agropecuario. En noviembre de 2009 recibieron en Quimilí (Santiago
del Estero) al entonces ministro de Agricultura, Julián Domínguez. En noviembre
de 2011, luego del asesinato del campesino Cristian Ferreyra (miembro del
MNCI), la organización explicitó su diálogo con el Gobierno. La Cámpora, el
Frente Transversal, Nuevo Encuentro y el Movimiento Evita se movilizaron junto
al MNCI, en diciembre de 2011, al Congreso Nacional y presentaron un proyecto
de ley de freno a los desalojos campesinos (que aún no fue tratado).
El
27 de julio pasado, el MNCI difundió un duro comunicado contra el Gobierno
Nacional. “Democracias o corporaciones transnacionales: tiempos de elección”.
“La
Bienvenida y entrega de nuestros bienes naturales a las transnacionales es una
gran contradicción con otros principios enunciados desde el gobierno nacional
(…) ¿Cómo explicamos que los ‘dueños’ de la tierra y las transnacionales estén
embolsando fortunas y en nuestros barrios y comunidades aún nos rodea la
pobreza? ¿Cómo debemos leer estas caricias discursivas a Monsanto, Vale,
Barrick? La Mesa de Enlace ve satisfecha cómo se reconoce su discurso y su
modelo. El ‘yuyo’ ya no es maldito, ahora es bendecido, y los ruralistas van
por más”.
El
Movimiento Campesino Indígena sabe que el avance del agronegocios implica un
avance sobre sus territorios, con más desalojos, desmontes, agrotóxicos y
represión: “Nuestra posibilidad de vivir, trabajar y producir se ve amenazada
con cada paso que dan las transnacionales en nuestro territorio, y es por esto
que vamos a combatirlas hasta nuestra última gota de aliento. Se trata de
vidas, de millones de vidas que están en juego”.
Tres
semanas después del comunicado del MNCI, el Gobierno aprobó la nueva soja de
Monsanto.
Maíz
en Malvinas Argentinas
“La
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió hoy con directivos de la
empresa Monsanto, quienes le anunciaron un plan de inversiones de 1.500
millones de pesos para desarrollar una planta de producción de maíz en la
localidad de Malvinas Argentinas, Córdoba. Implica la creación de 400 nuevos
puestos de trabajo (…). La nueva planta tendrá como función el tratamiento y
acondicionamiento de semillas de maíz. Con las mencionadas instalaciones, la
Argentina contará con las dos plantas más grandes del mundo de producción de
semillas, ambas pertenecientes a Monsanto”, precisó el 15 de junio el
comunicado de la compañía con sede el Estados Unidos.
Monsanto
argumentaba que el maíz era importante para el desarrollo del agro argentino
porque era la mejor opción para rotar con la soja, “mejora el balance de
nutrientes, hace que la erosión del suelo sea menor y mejora el rendimiento”.
Argentina
posee 19,6 millones de hectáreas con soja y 4,5 millones con maíz.
Dos
meses después, invitados por Monsanto a Iowa (Estados Unidos), los propios
periodistas de agronegocios de Clarín y La Nación revelaron la nueva avanzada
del modelo agropecuario: ampliar la superficie cultiva de maíz para destinarla
a agrocombustibles.
“Después
de la fiebre de inversiones que hubo en plantas de biodiésel a base de soja en
la Argentina, el próximo turno será para el etanol de maíz. Ya hay una veintena
de proyectos de plantas que suman inversiones por 1500 millones de dólares. Se
estima que este biocombustible podría hacer crecer en poco tiempo 10 por ciento
el área con maíz. El dato lo saben en la compañía de semillas Monsanto, que
organizó una gira con periodistas por los Estados Unidos para visitar, entre
otras cosas, plantas de etanol y analizar el estado actual de esta industria”,
sincera la crónica de Fernando Bertello, en La Nación del 31 de agosto.
En
Río Cuarto (Córdoba), donde Monsanto también instalará una planta experimental,
avanza en la producción de agrocombutibles en base a maíz la empresa Bio4, de
empresarios locales. También avanzan proyectos de la Asociación de Cooperativas
Argentinas (ACA) en Villa María (Córdoba), Aceitera General Deheza (del ex
legislador kirchnerista Roberto Urquía), la aceitera Vicentín (con una planta
en Santa Fe). Con un total de al menos 20 plantas, también se producirá
agrocombustibles en Salta, Entre Ríos, San Luis y Bahía Blanca.
Los
agrocombustibles acumulan una larga lista de cuestionamientos. La más reciente,
en Argentina, provino en agosto pasado de la Cátedra de Soberanía Alimentaria
de la Universidad Nacional del Comahue: “Generar agrocombustibles significa
destinar la parte de la superficie cultivable a la producción de granos para
alimentar motores en vez de alimentar a la población. Se está siguiendo al pie
de la letra las metas planteadas por el Plan Estratégico Agroalimentario y
Agroindustrial (PEA) en materia de objetivos productivos sin tener en cuenta
las consecuencias sociales, ambientales, económicas y culturales que acarrea”.
La
Cátedra, un espacio novedoso e interdisciplinario que problematiza e investiga
el modelo extractivo, denunció: “Es obligación saber que aceptar el cultivo
masivo de plantas para producir agrocombustibles supone incrementar la presión
sobre la tierra y no justamente para producir alimentos para las poblaciones
locales, lo que se traduce en el aumento de nuestra vulnerabilidad
alimentaria”.
Asamblea
“Salón
de fiestas y eventos Santina”. Un prolijo rectángulo de diez metros de ancho
por veinte de largo. Piso de cemento, paredes blancas. Detrás de una iglesia y
frente a la plaza principal, sobre la calle San Martín, la principal del barrio
Malvinas Argentinas, de casas bajas, cruzado por dos rutas que corren paralelas
(88 y la 19) y dividen al barrio en tres (bautizados “primera sección”,
“segunda” y “tercera”).
El
salón de fiestas está ubicado en la Segunda Sección. Es miércoles a la noche de
calor y es la cuarta reunión de la “Asamblea Malvinas lucha por la vida”,
espacio autoconvocado luego de que se enteraran por televisión, en vivo y
directo de boca de la Presidenta, que Monsanto se instalaba en su barrio, 32
hectáreas que ya están cercadas con alambre y con máquinas apisonando la
tierra.
Matías
Marizza tiene 30 años, es maestro de segundo grado en la escuela del barrio.
Cara redonda, barba rala, jeans amplios. “Nos desayunamos con el anuncio de la
Presidenta”, recuerda.
El
boca en boca comenzó a circular y se gestó la primera reunión de vecinos
autoconvocados, el 24 de julio. “Muchos vecinos tienen parientes en el barrio
Ituzaingó, conocen de las fumigaciones, del juicio. No fue una noticia
agradable escuchar que Monsanto se instala en el barrio, a menos de un
kilómetro de una escuela”, explica.
Yanina
Barzboza Vaca tiene 21 años, habla rápido y siempre vivió en Malvinas
Argentinas. “No sólo que conocemos de cerca el Ituzaingó, conocemos de cerca
las fumigaciones. Acá estamos rodeados de soja. A sólo cinco cuadras de San
Martín (calle principal), ya tenés soja y fumigaciones. Hace mucho que se
denuncia que hay chiquitos con problemas para respirar, pero nunca nos hicieron
caso”. Además, en la localidad vecina (Monte Cristo) viven familias que desde
hace seis años denuncian los efectos de las fumigaciones.
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