jueves, 23 de enero de 2014

SOJA: LOS AGROGENOCIDIOS EN SALTA




















El 23 de diciembre, se realizó una Audiencia Pública para decidir la suerte de cerca de 10 mil hectáreas de bosque nativo en el departamento San Martín, pese a que están en una zona donde por ley se prohíbe desmontar. 
Las empresas interesadas hicieron firmar comodatos a criollos y a indígenas wichí, donde ceden el territorio a cambio de la donación de unas pocas hectáreas y 10 viviendas. Con ello la Audiencia podría ser nada más que un “trámite” previo a dar vía libre a más desmontes para agricultura.
El desmonte dejaría literalmente encerradas a las comunidades en medio de los monocultivos.

Para el 23 de diciembre estuvieron convocadas dos audiencias públicas para “que quienes tengan interés o derecho, puedan expresarse sobre el impacto ambiental y social” de solicitudes de cambio de uso de suelo en la Finca Cuchuy, presentadas por los empresarios Alejandro Braun Peña (8.962 Ha) y Gastón Larrán (1.300 Ha). Esto no es otra cosa que el paso previo a dar vía libre a más desmontes para la expansión de la actividad agrícola (es decir SOJA, GIRASOL Y MAIZ TRANSGÉNICO) en un departamento que, desde la sanción de la Ley de Bosques y hasta hoy, perdió más de 90 mil hectáreas.

El desmonte es casi un hecho, dado que tanto las familias wichí de la comunidad de Cuchuy como criollos campesinos habrían firmado actas acuerdo con las empresas interesadas cediendo el monte y el territorio a la explotación agropecuaria. A cambio, la empresa construiría 10 casas para las familias originarias de Cuchuy y les “donaría” 300 hectáreas en una esquina del lote. Este acuerdo no constituye ninguna pérdida para las empresas, sería incluso una ganancia ya que dejarían de pagar impuestos por un área que por ley deben dejar como reserva. Si bien los acuerdos señalan que las comunidades no renuncian al relevamiento de acuerdo a la Ley 26.160, resulta difícil imaginar la utilidad de una delimitación de su territorio sobre un área que ya va a estar desmontada y en producción agroindustrial.

A las familias criollas, cuya actividad principal es la ganadería, se les hizo firmar comodatos de 5 hectáreas a cada una (20 hectáreas en total) de acuerdo a los mapas que se incluyen en el expediente. Con eso no podrían sostener más que unas 3 cabezas de ganado vacuno en total, cuando el propio estudio de impacto social indica que tienen 578 cabezas. Más grave aún, con la firma de comodatos (en algunos casos con su huella dactilar) las familias campesinas estarían cediendo sus derechos posesorios adquiridos luego de más de 50 años de habitar en el lugar.

Esta supuesta “cesión de derechos” implica no sólo la pérdida potencial de otras 10 mil hectáreas de bosque, sino que condenará, más tarde o más temprano, a las familias indígenas  a migrar ya que el sostén de sus actividades es inviable en los pequeños lotes a los que serán confinados. A esto se debe sumar situaciones que ya los afectan gravemente por habitar en una zona literalmente cercada por los desmontes y el monocultivo. Entre ellas: el aislamiento producto del cierre caminos y reducción de áreas donde practicar las actividades de sostén familiar. Problemas de salud humana y mortandad de animales debido a las aplicaciones de agroquímicos y la escasez y contaminación de fuentes de agua, entre otras.


Dicen que no hay conflicto…



Salta es una de las provincias dónde la aplicación de la Ley de Bosques ha resultado especialmente conflictiva. A través de diversos decretos sus autoridades han intentado minimizar su incidencia sobre los intereses económicos de la agroindustria, intentando aplacar una supuesta “paralización productiva” que denunciaban sus voceros. Lo concreto es que la supuesta paralización no es real, por el contrario, desde la sanción de la Ley de Bosques, en el departamento San Martín la superficie sembrada se incrementó en más de 50 mil hectáreas en base a desmontes, muchos de ellos ilegales.

A contramano de lo que establece la Ley de Bosques Nacional, la potencial autorización de desmonte en la fincas de Cuchuy, habilitaría desmontes en una zona categorizada como de alto y mediano valor de conservación (rojo y amarillo). Esto es posible gracias a una de las tantas “ambigüedades” de la normativa salteña, que señala, entre otras cosas, que la zonificación realizada es sólo de carácter “orientativo” y que puede ser modificada a nivel predial a criterio de la autoridad de aplicación, en base a la solicitud y estudios presentados por quienes pretenden el desmonte.
Parte de las áreas “amarillas” que figuran en el Ordenamiento Territorial de Salta fueron definidas así de forma “provisoria”, según expresó el propio Ministro de Ambiente Julio Nasser, un “amarillo social” que lejos de aspirar a la conservación y uso sustentable del bosque, demarcaba las áreas que podían ser objeto de potenciales conflictos, pues sobre ellas existían reclamos territoriales tanto de familias indígenas como campesinas. La restricción era especialmente aplicable a territorios ocupados por las familias indígenas, pues el decreto provincial 2789 prohibió los desmontes hasta tanto no se hiciera efectivo el relevamiento de territorios establecido en la Ley 26.160. Este relevamiento hasta la fecha no se ha realizado en las comunidades que serán afectadas por la solicitud de desmonte en trámite.

Desamparo

El  “acuerdo” entre las familias criollas y wichí con las empresas interesadas fue realizado en condiciones de evidente desigualdad. El comodato, que no detalla las hectáreas que se desmontarán, fue firmado sin asesoría legal por personas que en muchos casos no saben leer ni escribir, o no dominan el idioma español.


Las familias wichí tanto de Cuchuy como de otras comunidades cercanas a la zona a desmontar, viven en una “situación socioeconómica alarmante por la violación sistemática de sus derechos humanos”, según detalla el defensor oficial Julián Horacio Langevin en un informe elevado a la Corte Suprema de Justicia, “sufren falta de alimentación, de acceso al agua potable, a la vivienda digna, a la educación y a la salud pública”. El documento agrega que “los problemas en los que se ven inmersos son producto – en su gran mayoría – del despojo territorial que han venido sufriendo en forma sistemática por parte de particulares, con anuencia de los estados provincial y nacional”.

Son comodatos que se firmaron además tras años de denuncias y gestiones de las comunidades para defender su territorio, ante la policía y la justicia provincial y nacional. Gestiones que hasta ahora, o han sido ignoradas o no han tenido resultados que les aseguren sus derechos de forma permanente.

Una de ellas es el Recurso de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia para el cese de desmontes en los departamentos San Martín, Rivadavia, Orán y Santa Victoria. Pese a lograr un dictamen favorable, que ordenó a la provincia suspender las autorizaciones entre 2009 y 2011, esta acción no pudo evitar que continuaran los desmontes ilegales en la zona (53.202 hectáreas durante la vigencia de la suspensión, más de la mitad de las cuales afectaron al departamento San Martín). En octubre de este año el caso volvió a la justicia provincial luego que la CSJ se declaró incompetente, pese al único voto en contra del juez Eugenio Zaffaroni.

Pese a todos estos antecedentes, el llamado a Audiencia Pública para la autorización de desmonte en la finca Cuchuy fue publicado el pasado 11 de diciembre en el Boletín Oficial de Salta, avalado únicamente por los comodatos firmados por las familias. Una suerte de declaración pública que manifiesta que en la zona no hay conflicto por el territorio, y que por tanto da luz verde a que sobre ella avance el agronegocio.

VIDEO: HECHA LA LEY HECHO EL DESMONTE

VEA TAMBIÉN NUESTRA ETIQUETA "TRANSGÉNICOS"

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