sábado, 25 de febrero de 2012

CEODECO- ESTAFA EMPRESAS DE TELEFONÍA CELULAR



CELULARES
El negocio redondo que está detrás de una presunta "estafa legal"
Las empresas de telefonía celular facturan más de mil millones de pesos por mes a usuarios indefensos.

Cuando se mencionan “estafas legales”, pareciera que quien escribe esto es un adicto a las contradicciones disparatadas. Pero, analizando las situaciones que se generan desde los servicios de telefonía celular, no sólo son posibles, sino que se reiteran con abrumadora impunidad, ante la indefensión de los usuarios de esos sistemas, la aparente falta de control de los organismos oficiales y la limitación evidente de las instituciones defensoras de los usuarios y consumidores y de Defensorías del Pueblo.
“¿Estafa legal?”
Aprovechando graves omisiones de los organismos del Estado encargados de controlar a las empresas de telefonía celular, éstas avanzaron decididamente -entre otras cosas-en un redondeo del tiempo que se habla por teléfono que perjudica a los usuarios casi sin que se den cuenta. El tema es que si uno habla 25 segundos, la empresa redondea hacia arriba y cobra el minuto completo. Si el usuario habla 6 minutos con 2 segundos, pagará siete minutos, y así. ¿Por qué configura una estafa esta manera de facturar? Lisa y llanamente porque estamos pagando por un servicio no prestado. ¿Y por qué es legal? Porque cuando uno compra un teléfono celular con línea y con abono, o corporativo (empresas o familias), suscribe un contrato con la empresa prestadora del servicio, donde todas estas disposiciones están predeterminadas por la propia empresa, y es inimaginable que el simple usuario quiera o pueda detenerse a leer páginas y más páginas de letra chica, y mucho más inimaginable -rozando lo ridículo- es que ese mismo simple usuario pretenda discutirle o modificarle las condiciones que impone la empresa. Los usuarios quieren tener el teléfono, usarlo cuanto antes, y ya. Así se configura una suerte de “estafa legal” con la aceptación del usuario del servicio. Y esto ocurre ¡desde hace diez años! Porque Argentina es todavía el único país de Latinoamérica (¡sí, leyó bien!), que no tiene aún una Ley nacional que regule el servicio de telefonía celular.
 
Los números
Algún distraído dirá que el recargo que sufre en sus facturas es insignificante y que no le importa pagarlo. Error 1: no es insignificante, porque si se protesta cuando el colectivero no tiene cinco centavos para dar un vuelto, ¿cuánto más habría que protestarle a las gigantescas empresas que se alzan con muchísimo más, y sin derecho al pataleo? Error 2: el mal de muchos, puede convertirse, efectivamente, en consuelo de tontos. Baste señalar que en nuestro país, existen 57.850.000 teléfonos celulares en servicio, que a mediados del año pasado, registraron la cantidad de 6.363.800.000 llamadas por mes, según datos oficiales de la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina. La simple operación matemática de multiplicar esta cantidad de llamadas por unos 20 segundos (promedio) de servicio cobrado y no prestado, da la pauta del increíble volumen de la “estafa legal” que pasa delante de nuestras narices. Se asegura que “se filtran” mil millones de pesos por mes con este método.
 
Ahora bien, la calidad del servicio tampoco es óptima en los grandes centros urbanos y zonas bajas y pobladas. Pero cuando llega el momento de los reclamos, se inicia otro calvario: reclamar por teléfono, es estar dispuesto a perder no menos de media hora -con suerte- hasta que atienda “en vivo” alguno de “nuestros operadores que ahora está ocupado”. Obviamente, que el hecho de ser atendido no es garantía de solución a los problemas o respuestas satisfactorias a los pedidos. Concurrir a las oficinas de las empresas de telefonía, es recibir una atención “personalizada” que personaliza la atención telefónica con los mismos resultados. Y para cualquier reclamo, obviamente, el lema es terminante: primero pague, después vemos cómo atendemos su reclamo.
 
Las demandas
Los organismos de defensa de usuarios y consumidores, así como las oficinas de las Defensorías del Pueblo, obviamente no están en capacidad de dar respuestas claras que sirvan a todos, y mucho menos que generen un antecedente legal válido y sostenido en el tiempo. La única salida, parece ser, es recurrir a la Justicia. En todo el país están floreciendo recursos. El más próximo está en Salta, donde el juez federal Miguel Medina hizo lugar a una demanda en contra del maldito redondeo y busca el fin de estas facturaciones ilegales y abusivas. Las demandas están explícitamente focalizadas en contra de los directivos de Personal y Claro, pero también incluyó a funcionarios de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), a quienes no se les reconoce un trabajo responsable en defensa de la gente.
 
¿Aparecerán respuestas?
Mientras tanto, como un simple ejercicio de la imaginación, sería interesante pensar en todas las cosas que se podrían hacer con el dinero supuestamente mal habido por ese servicio que se nos volvió tan imprescindible, que hasta se puede calificar de vicio.
Inconstitucionalidad
Los “nuevos derechos y garantías” consagrados en nuestra Constitución Nacional, dicen en el artículo 42: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”.
 
Protección de los derechos
Asimismo agrega que “las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.
 
Cautivos
Como se advierte, faltando una Ley acorde a este mandato constitucional que regule la telefonía celular, seguiremos cautivos de las condiciones de contratación que fije las empresas de manera voraz y unilateral.
Y obviamente, los usuarios de este servicio no tendremos un trato equitativo, y seguirá carente de dignidad.                                                     C
arlos A. Ferraro

  

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