lunes, 26 de marzo de 2012

CUIDADO CON ‘’EL VIEJO DE LA BOLSA’’: KORRUPCIÓN EN PINAMAR


Desalojan de unas "viviendas sociales" a las hijas del intendente de Pinamar. Los edificios fueron adjudicados a parientes del jefe comunal Blas Altieri y a funcionarios municipales. Denuncias por lavado de dinero. 

El Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires acaba de ordenar el desalojo de 22 propietarios de viviendas sociales en la localidad bonaerense de Pinamar. Entre los expulsados, cuya situación económica no los califica para recibir asistencia, están familiares del intendente local Blas Altieri y funcionarios del gobierno municipal.
El complejo habitacional comenzó a gestarse en junio de 2000, cuando se constituyó la fundación Ecopinar. Como sus apoderados figuraban Eduardo Orichio, asesor externo del municipio, y Luis Abrussese, ambos socios de Altieri. A sólo 24 horas de haberse fundado, recibió 2.025.000 pesos-dólares para construir 150 viviendas sociales, gracias al decreto 3201 que ordenaba entregar el 25 por ciento de esa suma en el acto.
De esas 150 viviendas, sólo se construyeron 25, explicó el abogado pinamarense Lucas Ventoso, que el año pasado 
denunció al intendente Altieri por "lavado de dinero y asociación ilícita". Según él, hasta su denuncia, el Instituto de Vivienda no controló ni investigó las obras de Ecopinar. "La corrupción que hay en Pinamar se compara con la de Ciudad Gótica", decía entonces.La denuncia, presentada a fines de 2010, sacó a la luz las irregularidades: 22 de las 25 viviendas del complejo social ubicado en el cruce de Palometas y Valle Fértil fueron adjudicadas a personas que no calificaban para recibir asistencia. Entre ellas, Elena María y María Constanza Altieri, hijas del intendente. También fue beneficiado el secretario de Servicios Urbanos Juan Alberto Morales.
Las viviendas llegaron a venderse como propiedades comerciales, denunció Ventoso. Sólo tres de los 25 edificios fueron adjudicados a personas que realmente necesitaban asistencia social, según descubrió el Instituto de la Vivienda bonaerense al realizar un censo en el complejo.
Por eso se ordenó desalojar las viviendas, en una resolución firmada por Gustavo Marcelo Aguilera, administrador general del Instituto de la Vivienda, el 16 de marzo. 

Fte:Perfil.com 

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