viernes, 6 de abril de 2012

PROYECTO PARA MODIFICAR LA LEY DESPENALIZACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS


El senador oficialista, Aníbal Fernández, presentó un proyecto para modificar la Ley 23.737 de Estupefacientes y con esta propuesta volvió a poner en agenda un histórico y polémico debate.
La iniciativa, que plantea una reforma integral a la normativa vigente y propone, entre otras cuestiones, la despenalización de la tenencia de estupefacientes para consumo personal,  ya generó una fuerte discusión en amplios sectores sociales.
"Buscamos priorizar los derechos humanos de segunda generación: primero atender la salud de quien consume y después atacar el narcotráfico", declaró Fernández.
El proyecto sostiene que "las respuestas más eficaces para enfrentar las toxicomanías son las políticas de prevención, asistencia y tratamiento orientadas a la deshabituación y a la minimización de los efectos negativos del consumo". En ese sentido, aclara que "la supresión de la respuesta penal en modo alguno puede interpretarse como legalización del uso de sustancias estupefacientes".
Claudio Izaguirre, de la Asociación Antidrogras de la República Argentina, se pronunció en contra de forma contundente; la fiscal Mónica Cuñarro, ex asesora del ministerio de Justicia de la Nación, defendió la iniciativa, que tiene el apoyo de la Casa Rosada.
Para el miembro de la Asociación el proyecto “forma parte de un genocidio que se viene gestando con los jóvenes”, en el marco de un consumo de estupefacientes que crece y recordó el informe del departamento de Estado de Estados Unidos en que se indica que Argentina lidera a los países de América en el consumo de cocaína y es el tercero respecto de la marihuana. Al mismo tiempo, afirmó que la medida protege de alguna forma al vendedor “minorista” porque “para ellos es considerado como alguien fuera del sistema que no tiene otro medio de subsistencia para mantener a su familia”.
En cambio, la fiscal defendió el proyecto e indicó que el 80 por ciento de las causas por drogas que se inician en todas las provincias es por consumo personal.
“En primer lugar, hay tres fallos de la Corte que exhortan al Gobierno a modificar la ley y quitar la criminalización del consumo, porque es un hecho privado y es una cuestión sanitaria”, explicó la fiscal, que fue coordinadora del grupo de especialistas que la Nación puso a investigar la cuestión.
En segundo lugar, destacó el tema del narcotráfico: “Esta ley tiene 30 años de vigencia y el consumo no se frenó sino que aumentó, y eso se debe a la corrupción entre las fuerzas provinciales y nacionales con las organizaciones de ventas de drogas”, expresó.
Y como tercer punto aclaró que en el caso de personas que estén consumiendo en la calle, van a ser detenidas igual y el juez va a decomisar igual la droga que porten. “Se lo va a estudiar, y si no es un adicto va a ir a un programa de educación, y si es adicto va a ingresar al sistema de salud para su recuperación pero no va a entorpecer el sistema judicial penal, que debe ocuparse de los casos de corrupción y narcotráfico”, finalizó.
El debate de la despenalización
Creer que con la despenalización de la tenencia de drogas solucionamos este flagelo que está arrasando a nuestros jóvenes es caer en el facilismo con que tratan estos temas los funcionarios de turno. A nivel mundial, en estos momentos se está debatiendo lo que se denomina la “Guerra contras las Drogas”. Sin dudas, este concepto a estas alturas de las circunstancias es obsoleto y si pensamos un poco podemos decir que la “guerra” se perdió. Pero, por otra parte, no podemos dejar de lado lo que ganamos en conocimiento en programas de prevención, capacitación y asistencia.
Se viene sin dudas un reconocimiento a las políticas de reducción del daño, pero no estoy de acuerdo en arrasar con lo que muchas veces se asoció al discurso de la guerra contra las drogas o el prohibicionismo, el trabajo de las comunidades terapéuticas, las tareas de prevención y asistencia desde la mirada de abstención cero en consumo de sustancias. Sin dudas podemos reconocer que muchas personas que han pasado por las diversas modalidades no han podido llegar a buen término en su tratamiento, pero también desde la óptica de reducción del daño no pueden decir que han sido exitosos.
Sin embargo, aunque genere polémica entre mis amigos, debemos ir en la síntesis de las dos posiciones y tomar de cada una de ellas lo mejor para las personas con problemas de uso y abuso de sustancias. Las posiciones extremas que adoptan las principales figuras de estas dos posiciones tengo el convencimiento de que no llevan a ningún lado.
La pobreza estructural de nuestro país que, desde hace 15 años, aún en estos años de veranito económico, ha crecido sin pausa, la deserción escolar, la falta de futuro con que ven nuestros adolescentes el mundo y familias enteras destruidas por diferentes circunstancias en todas las clases sociales es un permanente caldo de cultivo para las adicciones.
Este debate respecto de si “despenalización sí” o “despenalización no” puede resolver que no se amontonen expedientes en los juzgados y los magistrados se ahorren trabajo en penalizar la tenencia para consumo, y se encarguen de investigar a los verdaderos culpables de que el narcotráfico esté operando como en el patio de su casa sin ningún problema. O sea, los narcotraficantes.
Vemos a diario que se matan en enfrentamientos personas de origen peruano, colombiano, mexicano, boliviano, chino y cuanto cartel de drogas exista en el mundo que están instalados en nuestro país, esto sin entrar en ninguna clase de racismo con las diferentes etnias que viven ganándose la vida honestamente como debe ser y que son la mayoría de estos extranjeros.
Lo que se debería debatir es por qué hay más de 700 pistas de aterrizaje clandestinas sin ningún control, por qué varias policías provinciales, justicias y gobiernos provinciales miran para otro lado cuando el grueso de las sustancias ilegales pasa por su suelo. ¿Tienen miedo de reprimir al narcotráfico o el dinero corrompe sus almas?
También tendríamos que preguntarnos cómo hacen las comunidades terapéuticas para soportar que los organismos que derivan pacientes se atrasen meses en pagar los servicios prestados. Como es de suponerse, esto trae aparejado que los psicólogos, psiquiatras, clínicos, asistentes sociales, operadores y talleristas no cobren sus haberes en término y motiva que, por lo general, terminen renunciando, con lo que cuesta encontrar profesionales preparados para esta problemática, y ni hablemos de los sueldos que son magros para el trabajo que por demás es agotador.
El paco no es sólo una consecuencia de la miseria sino el efecto del cambio del mercado global de drogas debido a que la Argentina es ahora un país productor y exportador, y no hace otra cosa que vender el desecho de esa producción.Tendríamos que debatir por qué explotaron los laboratorios en nuestro territorio, cuando hace diez años lo mirábamos por las películas de Hollywood; debatir y preguntarse por qué en las casas de las villas miserias del Gran Buenos Aires tienen un cartel que dice “se vende” y no es precisamente la casilla precaria; preguntar por qué en casi todas las ciudades urbanas explotó el fenómeno de la prostitución como kiosco de ventas de sustancias ilegales. Acá piensan que estamos como en países que hace 30 años gastan de su presupuesto millones de dólares y euros en prevención, capacitación y asistencia de las adicciones, después de eso se animaron a debatir la despenalización y legalización, nosotros empezamos al revés.
La provincia de Buenos Aires vive constantemente en crisis por su falta de políticas en asistencia y prevención, Nación apenas puede con la asistencia, a la ley de salud mental ya se la llevó puesta la realidad, y graciosamente creen que despenalizando se soluciona años de desidia en la temática pura demagogia. Primero hay que sincerarse y reconocer que las adicciones es un problema complejo y de multicausas, igual que el narcotráfico, y que debatir la despenalización como solución es desconocer plenamente la profundidad de está problemática, como tampoco se le puede atribuir como ciertos “discursos de batalla”, al decir del licenciado Fabián Chiosso, presidente de las ONG’s que trabajan en la temática en nuestro país, que el fracaso del Estado debe atribuírsele a las comunidades terapéuticas y sus diversas modalidades.
El debate de la despenalización en otro momento de nuestro país puede que sea factible, pero hoy no aporta ninguna solución a la represión del narcotráfico y su inmediata causa, que es la adicción.
A veces da que pensar que estos debates son para esconder otras realidades que suceden en el país.

 Fte: www.adiccionesxxi.net

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