miércoles, 24 de abril de 2013

BIODIESEL PARA TODOS




En la semana pasada el gobierno anunció el inminente incremento del corte nacional de gasoil con biodiesel. La medida, que venía siendo reclamada, refuerza la alianza con el agronegocio.

La industria de biodiesel surge en nuestro país a comienzos del nuevo milenio, en el contexto del boom de los agrocombustibles a nivel mundial, como consecuencia del fuerte cuestionamiento a los hidrocarburos por su impacto en el clima, por el previsible cenit de su producción y su continuo encarecimiento. El sector empresarial del agro argentino vislumbró, en los constantes records de su producción sojera, un insumo para la generación de biodiesel. Su producción masiva comienza vinculada a proyectos de escala media y grande, con un fuerte sesgo exportador.

El mercado interno del biodiesel sería creado con la sanción de la Ley 26.093 en el 2006, en tanto establecía la obligación de mezclar en un 5% todos los combustibles comercializados en el país a partir del año 2010. Asimismo, Argentina se consolidó como el quinto productor y el principal exportador mundial de biodiesel hacia febrero de 2010, cuyo principal destino era el mercado europeo.

A mediados del 2012 el gobierno nacional adoptó una serie de medidas que alteraron las reglas de juego. Por un lado, se aumentaron las retenciones al biodiesel (llevadas ahora al 24,2%, cifra que continúa siendo menor a las del grano y aceite de soja, con un 35% y 32% respectivamente). Por otra parte, se dispuso un “Régimen de importación temporaria de porotos de soja”, principalmente desde Paraguay y Bolivia, con el objetivo explícito de disminuir capacidad ociosa en la industria de biodiesel (que en el 2012 ascendía al millón toneladas anuales) incrementando (en un 20%) la producción nacional. De esta forma, al tiempo que se adoptan regulaciones para reactivar la industria, se proyecta una mayor recaudación a partir del cobro de las retenciones en un producto cuya competitividad internacional -hasta ese momento- continuaba siendo fuerte (el 66% de la producción se destinaba a Europa y el 33% se consumía en el país). Finalmente, se comunicó la baja del precio interno del biodiesel (cuyo valor pasaba de 5195 a 4405,3 pesos la tonelada, similar al precio internacional), lo que fue rechazado (por los entes representantes del sector y por algunos gobernadores con plantas elaboradoras del agrocombustible), por el perjuicio que significaba para las pequeñas empresas (que producen sólo para el Cupo Nacional).

Mientras tanto, en nuestro país crecía la discusión pública sobre los impactos negativos de la expansión agroindustrial, favorecida por la difusión de investigaciones científicas sobre los efectos del glifosato en las cadenas tróficas (como la del Doctor Carrasco); por las frecuentes denuncias por contaminación (cuyo caso emblemático es el juicio de las madres de Ituzaingó-anexo, con veredicto en 2012); la concientización sobre el desmonte, que llevarían a la propuesta de la Ley de Bosques sancionada tras una ardua discusión en el 2007; la continuidad de los desalojos a campesinos y campesinas (incluyendo la muerte de Cristian Ferreira en 2011 y de Miguel Galván en 2012, del Mocase-VC).

Paralelamente, las promisorias expectativas en relación al mercado externo con las que surgió la industria comenzaron a diluirse. La progresiva desconfianza de la Unión Europea (UE) con los agrocombustibles decantó, a fines de 2008, en el establecimiento de medidas para su importación, según su contribución a la reducción de gases de efecto invernadero. Además, en lo que va del 2013 se registró un retroceso abrupto en las exportaciones (durante marzo cayeron 70% respecto del mismo mes del año anterior), como consecuencia de denuncias de dumping por parte de la UE. Situaciones a las que se agrega el cese de las importaciones de biodiesel por parte de España (que ascendían a las 400 mil toneladas) en abril de 2012, como represalia por la expropiación del 51% de las acciones de YPF. La fragilidad devenida de la concentración en los mercados importadores resultó evidente.

Finalmente, es necesario considerar las crecientes dificultades vinculadas a la disponibilidad de combustibles en el país. El gasoil es el más utilizado, con un consumo de 12 millones de m3 anuales. Históricamente los principales sectores demandantes de gasoil han sido el agropecuario y el transporte. A partir del 2004 se agregan las centrales eléctricas, debido a las restricciones en la oferta de gas natural. Este panorama derivó en que el país importe combustibles con el fin de satisfacer la creciente demanda nacional.

La reciente elevación en el corte nacional de biodiesel al 10% no debe sorprendernos, considerando: a) el firme compromiso del gobierno nacional con la industrialización de la agricultura (plasmada en el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2012-2020); b) el sostenido fomento a la producción de biodiesel desplegada por la administración kirchnerista a lo largo de su década gobierno; d) el déficit energético y la fuerte demanda de gasoil por parte del sector del transporte a nivel nacional; y, e) las contrariedades surgidas en el mercado europeo para con los agrocombustibles argentinos.

El fomento al consumo interno del biodiesel parece convenir tanto al agronegocio, que nunca logró colocar su grano estrella más que en segmentos marginales del mercado nacional y que atravesaba dificultades en la colocación externa del biodiesel; como al gobierno nacional, en cuanto implica el agregado de valor a materia prima producida en el país, concordando con el ethos neodesarrollista, mientras que alivia presión a la creciente demanda energética. Es así que una industria surgida al calor de promisorias expectativas de negocios externos, impulsada por las grandes empresas del agronegocio, nacionales y extranjeras, ampliamente beneficiadas con las políticas gubernamentales de las últimas décadas, hoy encuentra su respaldo en el mercado interno, a través de una política que reafirma el apoyo sistemático del gobierno kirchnerista a un modelo agrícola ampliamente cuestionado por sus impactos ambientales, sociales, energéticos y culturales.

Por Virginia Toledo López.
       Marcha

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