miércoles, 24 de abril de 2013

LA REFORMA JUDICIAL Y EL VOTO JOVEN COMPLICARÍAN LAS ELECCIONES




El gobierno apostó fuerte el año pasado a la sanción de la ley 26.774 que estableció el derecho al voto para los mayores de 16 años. Para ese entonces, el kirchnerismo se sentía seguro de su influencia hegemónica en los sectores juveniles y daba por seguro de que la mayor parte del 1.600.000 electores que se incorporarían al padrón nacional votarían por el Frente para la Victoria. Pero con el correr de los meses este entusiasmo se enfrió. Las encuestas empezaron a mostrar cambios de tendencias y las grandes marchas de protesta del 13S, el 8N y el 18A mostraron una notable movilización juvenil contra el gobierno. La respuesta oficial, por lo que muestran los hechos, fue desinteresarse por el voto joven. Sin ir más lejos, el gobierno omitió cumplir con lo dispuesto por el artículo 8° de la ley 26.774 que dice: “El Poder Ejecutivo nacional instrumentará una campaña de difusión y documentación destinada a que los jóvenes de catorce (14) años de edad tramiten la renovación del Documento Nacional de Identidad en los términos del artículo 10, inciso b) de la ley 17.671, con anterioridad a la fecha de cierre de los padrones provisionales prevista en el artículo 25 de la ley 19.945″. La realidad es que la campaña de difusión prácticamente no existió y que la Cámara Nacional Electoral se vio obligada a alertar acerca de que aquellos adolescentes de entre 16 y 18 años de edad que deseen figurar en los padrones para poder participar en las elecciones legislativas deben tramitar la actualización de su DNI antes del próximo 30 de abril. O sea que, fundamentalmente gracias a la inoperancia oficial, lo más probable es que miles de jóvenes que están decididos a votar no lo puedan hacer por haberse informado tarde que debían tramitar su nuevo DNI antes del martes que viene.

Éste es apenas uno de los temas que tensa la relación entre la Casa Rosada y la justicia electoral. La incorporación del voto joven sufre nuevas complicaciones a partir de que el macrismo decidió unificar los comicios locales con las legislativas del 27 de octubre, para evitar que se plebiscite su gestión de manera anticipada en junio o julio, en medio del mal humor social por las recientes inundaciones y la polémica por la suba de la tarifa del subte. El principal obstáculo jurídico a la unificación de las elecciones era que la Ciudad no aprobó el voto de los jóvenes de entre 16 y 18, así que el PRO decidió presentar un proyecto de ley adhiriendo a la ley nacional en la materia.

Pero esta solución política sería a la vez fuente de nuevas complicaciones. Por ejemplo, como el voto de los que tienen entre 16 y 18 es voluntario, podrían darse casos de electores que sólo deseen votar en la elección local y no en la nacional. Estos sufragios no se podrían contabilizar entonces como parte de la elección nacional. ¿Habría que contar con un padrón especial para estos casos? Estos y otros interrogantes van apareciendo a medida que los tiempos se acortan y las soluciones son cada vez más difíciles de instrumentar.

La elección y sus plazos

El otro factor que está destinado a tener un alto impacto en el proceso electoral es el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura -en particular la elección de los consejeros- que la bancada oficialista de diputados se apresta a convertir hoy en ley. Tanto la oposición como buena parte del Poder Judicial se preparan para intentar bloquear la elección de los consejeros -si es que se convierte en ley-mediante la declaración de inconstitucionalidad en la justicia. Pero el gobierno ayer hizo una pirueta y renegoció partes sustanciales del proyecto con la Corte Suprema. El bloque de diputados del oficialismo decidió incorporar modificaciones al proyecto del Consejo de la Magistratura referidos a la administración de los recursos y del personal, que continuarán bajo la órbita de la Corte Suprema con determinados lineamientos, al aceptar sugerencias de sus propios legisladores y de representantes de la Justicia. De este modo, la reforma del Consejo de la Magistratura deberá ser girada en revisión al Senado cuando mañana se apruebe en Diputados, que buscará convertir en ley también los proyectos de creación de cámaras de casación y de regulación de medidas cautelares. Elisa Carrió, por su parte, puso ayer el dedo en la llaga al denunciar un pacto entre CFK y Ricardo Lorenzetti que este medio anticipara el 11 de este mes (http://site.informadorpublico.com/?p=29185).

El caso es que, si el proyecto se aprueba hoy con sus modificaciones, deberá volver al Senado para que, la semana que viene o la siguiente, éste le dé media sanción a los cambios introducidos. Así las cosas, para dilatar el inicio de las impugnaciones judiciales contra la ley, a la presidente le convendría no promulgar la norma y dejar correr el plazo para la promulgación tácita, o sea, dos semanas más. De este modo, estaríamos llegando a junio y todavía la ley podría no estar publicada en el Boletín Oficial, lo que también trabaría las presentaciones judiciales en su contra. En síntesis, que es probable que la norma entre efectivamente en vigencia a días del cierre del plazo para la oficialización de las listas de candidatos, el 22 de junio. La oposición podría quedar atrapada, porque debería por un lado tratar que la justicia deje sin efecto la elección y por el otro convalidar la misma presentando sus propios candidatos, para evitar que el gobierno quede sin competencia en caso de que nos se pueda frenar la ley. Pero esta incómoda y contradictoria situación no sería el único problema opositor.

La jurisprudencia electoral indica que, una vez oficializadas las listas, es sumamente improbable que se acepten medidas judiciales dejando aquellas sin efectos. En otras palabras, que sería necesario un pronunciamiento de la Corte Suprema para que la elección de consejeros se caiga. Y esto recién podría ocurrir, por los plazos procesales, después del 11 de agosto. Para entonces ya estarán electos los precandidatos al Consejo, un hecho consumado prácticamente irreversible por sentencia alguna, porque se estaría desconociendo la soberanía popular.

Por Carlos Tórtora
       Informador Público

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